La Comisión Provincial por la Memoria hizo entrega ayer al juez federal Héctor Plou, de documentos e informes secretos que pertenecían a la ex Dirección de Inteligencia bonaerense. Tras la presentación de la denuncia penal sobre lo sucedido durante la dictadura militar y el reconocimiento de algunos centros clandestinos, como el primer piso de la Comisaría Primera, éste significó el tercer paso de un proceso tendiente a descubrir la verdad de los hechos sucedidos en Junín, las víctimas y los responsables de delitos de lesa humanidad.Para contar lo realizado, en compañía del director de Derechos Humanos del municipio, Oscar Farías, estuvieron la perito de la Comisión por la Memoria, Claudia Belingeri, la integrante de la entidad Elizabet Rivas y la abogada de la Secretaría de DDHH provincial, Griselda De Antoni.En este marco, los letrados consideran que las pruebas son tan contundentes que en los próximos días podría solicitarse la imputación y eventual detención de militares y policiales que participaron en las torturas y secuestros clandestinos de juninenses.La documentación“Venimos a traer documentación sobre los responsables de las acciones de terrorismo de Estado en Junín. Nuestro trabajo consiste en revisar los documentos que se hallaron y se secuestraron luego de gestionar la apertura de los archivos de la policía bonaerense”, señaló la perito Claudia Belingeri.Según indicó, “nos encontramos con un acerbo documental de los años de la dictadura y los años posteriores, así que ahora aportamos que lo que han venido diciendo los testigos y la comunidad de Junín en cuanto a las acciones que tuvieron lugar en la ciudad”. “De estos papeles se deduce la responsabilidad de muchos que estuvieron acciones directas contra las víctimas y reafirmará lo que dijeron los testigos, desde la boca de la propia policía. Tienen el valor de confesión de parte”, remarcó.A la vez, contó que “en particular analizamos 56 documentos y dos hechos nos conmovieron particularmente. Desde la Dirección de Inteligencia quedó sindicado al Destacamento de Morse como el lugar de detención clandestina e ilegal, donde se interrogaba de manera brutal a las víctimas”.“En esta documentación ahora aportada a la Justicia, se habla de la identidad de los torturados y de los responsables de ese lugar, como así también de la Comisaría Primera y del resto de la cadena de mando”, observó.La integrante de la Comisión por la Memoria dijo que “también hay otro hecho que nos conmueve, que es la detención en Junín de trece personas, algunas hoy presentes, que sobrevivieron a la barbarie, y es algo muy importante porque están las fotos en los momentos en que fueron torturados. Es una prueba contundente y en este sentido, la Justicia debe considerarla como valiosísima para poder condenar a los responsables”.“Creo que son pruebas tan contundentes que podrían derivar en detenciones”, opinó.AccioneslegalesSobre las acciones legales, la abogada De Antoni dijo que “ya habíamos comentado que estamos trabajando con los elementos que tenemos en la causa, que ya eran suficientes para pedir las imputaciones o detenciones”.“Ahora el material que aporta la Comisión es prueba contundente y refuerza lo que habíamos recolectado, así que ahora es inminente la presentación de querellas pidiendo las imputaciones y detenciones cuando podamos dar lectura a lo que se dejó en el Juzgado”, agregó.La letrada no quiso estimar la cantidad de personas que estarían involucradas y en situación legal comprometida, a la vez que prefirió no dar nombres por el momento, ni de las víctimas ni de los victimarios.Aporte a la memoria“Nuestra misión desde la Comisión por la Memoria es aportar para demostrar que lo que sucedió fue tal cual lo contaron las víctimas, tal cual lo narraron durante tantos años. Esta documentación confirma lo que decían y tiene mucho valor porque fue confeccionada por las mismas personas que fueron responsables directas de las acciones”, dijo Claudia Belingeri.Estos papeles nos demuestran dónde estuvieron detenidas las víctimas, y también hay un caso que fue fraguado en Junín, sobre el traslado de una persona que luego no apareció. Allí están los nombres de los responsables, con sus legajos oficiales.El materialSobre cómo perduró este material a lo largo de los años, y ahora fue rescatado por la Comisión por la memoria, Elizabet Rivas dijo que “fue posible porque perduró la Dirección de Inteligencia de la policía hasta el año 1998, cuando fue oficialmente clausurada, luego de haber funcionado desde 1957”.“La Cámara Federal de La Plata tuvo noticias de la existencia de este archivo y lo secuestró”, contó, y dijo que esta área policial tenía como objetivo “la persecución política, con fichajes de concejales, estudiantes, obreros, partidos políticos”.
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